201406.04
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Los contratos de distribución internacional

Los contratos de distribución internacional a la luz de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías (Extracto).

I. INTRODUCCIÓN

La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías (en adelante CISG) resulta, sin duda, uno de los textos jurídicos de mayor éxito a nivel internacional. La aplicación prioritaria de la Convención de Viena frente al derecho interno deriva del hecho de que se trata de un Tratado Internacional que está en vigor en casi 80 países1, cuya aplicación deviene por lo tanto ex officio2, como del hecho de que se trata de Lex specialis aplicable al caso.

Lógicamente la Convención cede cuando existe un pacto expreso entre las partes que suponga desplazar total o parcialmente algunas normas de la Convención (art. 6 CISG), aunque dicho pacto debe ser expreso o cuanto menos resultar claro y contundente en cuanto a la intención de las partes de excluir la Convención3. Al existir ciertas dudas en torno a la aplicación de la Convención de Viena a los contratos de distribución conviene que las partes sopesen incluir expresamente la aplicación del texto vienés a su contrato (opting in)4, lo que eliminaría las dudas aplicativas y reforzaría la voluntad de las partes de que sea la Convención de Viena el derecho que regule todos los aspectos contractuales del contrato de distribución.

A continuación asumiremos que las partes no han incluido expresamente la aplicación de la CISG en el contrato y que se dan los elementos de aplicación de la Convención en cuanto a la internacionalidad del contrato y ámbito material (arts. 1 y 2 CISG), por lo que de momento es suficiente con señalar la aplicación prioritaria de la Convención sobre las restantes leyes nacionales del país que lo ha ratificado.

La aplicación de la Convención de Viena a los contratos de distribución viene hoy predominantemente establecida en la doctrina y la jurisprudencia por una fórmula que ha acuñado ya cierta fortuna y que se resume en que la Convención de Viena no se aplica a los contratos marco de distribución aunque sí a los contratos de compraventa concluidos sobre la base del contrato marco. Aunque respecto a lo último difícilmente no puede estarse de acuerdo, sobre lo primero, sin embargo, se ha disentir, al menos parcialmente.

Se echa en falta un mayor análisis y rigor a la hora de fundamentar la exclusión de la Convención de Viena. De hecho, como veremos, a continuación pueden existir razones de peso para mantener lo contrario, aunque ha de observarse que ésta será una cuestión que habrá, sin duda alguna, de determinarse caso por caso pues los contratos de distribución en la práctica pueden responder a una variada tipología. Sirva de muestra la establecida a modo pedagógico en el art. 2 del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución de 29 junio 20115:

“Artículo 2. Principales modalidades de contratos de distribución.

Por regla general los contratos de distribución podrán adoptar, entre otras, alguna de las siguientes modalidades:

a) El contrato de compra en exclusiva, por el cual el distribuidor, a cambio de contraprestaciones especiales, se obliga a adquirir, para su comercialización,

determinados bienes o servicios solamente al proveedor o a otras personas a quienes éste designe.

b) El contrato de venta en exclusiva, por el cual el proveedor se obliga a vender únicamente a un distribuidor en una zona geográfica determinada los bienes o servicios especificados en el contrato para su comercialización en dicha zona.

c) El contrato de distribución autorizada, por el cual el proveedor se obliga a suministrar al distribuidor bienes y servicios para que éste los comercialice, bien directamente o bien a través de su propia red, como distribuidor oficial, en una zona geográfica determinada.

d) El contrato de distribución selectiva, por el cual el proveedor se obliga a vender los bienes o servicios objeto del contrato únicamente a distribuidores seleccionados por él y que no gozan de exclusividad territorial, mientras que el distribuidor se compromete a revender esos bienes o a prestar esos servicios a consumidores y usuarios finales, respetando las instrucciones pactadas y prestando, en su caso, asistencia técnica a los compradores.

e) El contrato de concesión mercantil, por el cual el distribuidor pone su establecimiento al servicio de un proveedor para comercializar, en régimen de exclusividad y bajo directrices y supervisión de éste, bienes y servicios en una zona geográfica determinada.

f) La actividad comercial en régimen de franquicia, que es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios”.

Se notará que todas las definiciones, excepto por la del contrato de franquicia, giran en torno a la compraventa de bienes entre las partes del contrato existiendo algunas otras obligaciones añadidas como son, dependiendo de los casos, la exclusividad territorial, la asistencia técnica o el sometimiento a un cierto nivel de instrucciones. Estas obligaciones dependiendo de los casos implicarán una mayor intensidad y colaboración en las relaciones entre los empresarios parte del contrato de distribución, hasta el punto que podría estarse ante los llamados contratos de red dependiendo del grado de integración6.

II. EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL Y SU REGULACIÓN POR LA CONVENCIÓN DE VIENA

La aplicación de la Convención de Viena a los contratos de distribución internacional con prioridad frente a otras normas del derecho interno (Código Civil o de Comercio en el caso de España) resulta claramente de la incorporación de la Convención al derecho interno una vez que se ha pasado por su proceso de ratificación, aceptación o adhesión. Por lo tanto, la mera referencia a un derecho nacional implica la aplicación de la Convención de Viena al formar parte del derecho interno7 y siempre que se den las condiciones de aplicabilidad que el mismo texto vienés señala.

Surge, sin embargo, al analizar el ámbito de aplicación material de la Convención de Viena, la cuestión de si un contrato de distribución se gobierna en su totalidad por la Convención o si existen determinados aspectos que deben regirse por el derecho interno no uniforme, esto es, el derecho nacional representado por las normas contractuales aplicables típicamente a un contrato mercantil nacional. Sin duda así sucederá en relación con determinados cláusulas y su análisis bajo la normativa del derecho de la competencia, pero no necesariamente ha de ser así en relación con otras cláusulas contractuales.

En este sentido, la cuestión que se suscita en relación con los contratos de distribución internacional, pero no sólo con ellos sino también con los contratos mixtos de distribución y compraventa, es el de si se les aplican las normas de la Convención de Viena en su integridad.

1. Los contratos de compraventa regulados por la Convención de Viena

Si atendemos primeramente al título de la Convención de Viena resulta tan claro como evidente que ésta se aplica a los contratos de compraventa internacional de mercancías.

La definición del contrato de compraventa o venta resulta universal. La mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo contienen definiciones legales o doctrinales sobre el contrato de compraventa que giran sobre las respectivas obligaciones que se derivan para las partes en dicho contrato: la obligación del vendedor de entregar una cosa y además en muchos ordenamientos jurídicos de transmitir su propiedad, y la del comprador de pagar el precio8.

La obligación del vendedor en el contrato de compraventa de acuerdo con estas definiciones se configura conforme a una obligación de dar, frente a otros contratos en que la obligación de una de las partes consiste en una obligación de hacer. Singulares problemas se presentan en relación con los contratos mixtos, esto es, aquellos que contienen tanto obligaciones de dar como de hacer, como sucede singularmente con el contrato de obra o con otros contratos.

Pese a que la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías no contiene una definición del contrato de compraventa, de los artículos 30 y 53 relativos a las obligaciones de las partes en el contrato se deriva el concepto clásico y tradicional del mismo: contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar y transmitir la propiedad de unas mercaderías y el comprador se compromete a pagar el precio y a recibirlas9.

Sin embargo, el artículo 3.1 de la Convención extiende la definición tradicional clásica del contrato de compraventa para englobar en su seno a tipos contractuales que la mayor parte de las veces se catalogan en los diversos derechos internos como contratos distintos al de compraventa porque la obligación del vendedor ya no consiste únicamente en una obligación de dar, sino también en una de hacer. Así, la Convención considera contratos de compraventa los contratos de suministro de mercaderías en los cuales el vendedor ha de fabricar o producir un bien con materiales suyos o con materiales que le proporciona el comprador siempre que en este caso no constituyan una parte sustancial de los mismos (art. 3.1 CISG). Supuestos que, sin embargo, se corresponden en diversos ordenamientos jurídicos con otros tipos contractuales, por ejemplo, en el derecho español con los contratos de obra10.

Como se evidencia, la Convención de Viena va más allá del concepto clásico de compraventa para acuñar una nueva definición más amplia11, o si se prefiere una nueva categoría de compraventa12. Lo importante que se ha de resaltar es que la Convención de Viena se aplica a aquellos contratos en los que las obligaciones del vendedor sean tanto la de entregar (obligaciones de dar) como la de hacer algo (obligaciones de hacer) o no hacer. Por ello, la Convención de Viena también se aplica a aquellos contratos en que las obligaciones del comprador o del vendedor no sean únicamente las de pagar el precio y entregar o recibir las mercancías sino también realizar otras obligaciones de hacer o no hacer13, como así sucede bajo muchos de los contratos de distribución donde además de las obligaciones de “dar”, el comprador asume la obligación de marketing y publicidad de los productos objeto del contrato, o en los que el vendedor no sólo se obliga a entregar las mercaderías.

En otras palabras, los llamados contratos mixtos que contienen una fusión de diversos tipos de obligaciones –dar, hacer o no hacer– también se gobiernan por la Convención de Viena en aplicación de la teoría de la unicidad de los contratos. Y por ello puede decirse que tienen también cabida dentro de la Convención contratos en los que se da una colaboración integrada entre dos empresarios como lo muestra el propio art. 3 CISG. De hecho, el moderno derecho de contratos ha superado la visión clásica y tradicional de la compraventa, anclada en una realidad social y económica preindustrial, que reflejaba asimismo una sociedad basada en una economía agrícola, para reivindicar así la primacía del contrato de compraventa en la esfera tanto jurídica como económica, comercial e industrial, que viene de esta forma a acaparar y a extenderse a contratos que de otra manera se sustraerían de su campo de aplicación.

Ahondando en lo anterior, de cara a determinar la aplicabilidad de la Convención de Viena a un contrato de distribución hay que descender al contenido contractual pactado entre las partes. Efectivamente, en muchos contratos de distribución se evidencia que el contrato entre las partes gira muy fundamentalmente en torno a las obligaciones de compra, entrega y pago del precio, típicas de la compraventa tradicional, aunque existen también otras obligaciones como puede ser el desarrollo de la publicidad y/o marketing, las obligaciones relativas al respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual, obligaciones de exclusividad u obligaciones de confidencialidad.

El que existan otras obligaciones para las partes en el contrato que no se consideren las típicas del clásico y tradicional contrato de compraventa –entrega, recepción y pago– no implica que las mismas no puedan regularse por la Convención de Viena en su totalidad, particularmente en todo lo relativo a las normas sobre formación del contrato o sobre los remedios y acciones que pueden aplicarse en casos de incumplimiento, pues las normas de la Convención de Viena no dejan de traslucir los remedios de teoría general de los contratos. De ahí que no resulte infrecuente que la Convención de Viena se aplique de forma supletoria o analógica para regular otros contratos mercantiles o civiles nacionales14, pues no en vano es el modelo preferido para reglamentar el moderno derecho de contratos15.

Para ello, y tal y como se ha mencionado anteriormente, conviene indicar que la Convención de Viena, pese a lo que pudiera parecer a primera vista por su enunciado, no se restringe al tradicional contrato de compraventa, sino que puede acoger una variedad de tipos contractuales que son considerados contratos distintos bajo la óptica de los derechos internos como sucede con los contratos de suministro, que se diferencian de la pura compraventa en que se trata de una relación continuada en el tiempo y así la Convención se refiere a los contratos con entregas sucesivas (art. 73 CISG), los contratos de obra con suministro de materiales que están expresamente incluidos en el art. 3.1 CISG y son, por lo tanto, contratos de compraventa. Incluso también se regulan por la Convención los contratos que requieren además de la entrega determinados servicios por parte del vendedor en la medida en que éstos no se configuren como la parte esencial (art. 3.2 CISG). A mayor abundamiento la Convención se refiere a la venta de las mercancías sujetas a derechos de la propiedad industrial e intelectual (arts. 42 y 43 CISG).

Por todo lo anterior, responde a una visión simplista y desde luego no acorde con la Convención de Viena considerar que la misma únicamente se aplicará a los contratos de cambio –la compraventa de tracto único en el que simplemente se vende una mercancía por un precio, esto es, contratos que responden al viejo y tradicional esquema de la compraventa, pero no a los de colaboración–.

Antes al contrario, tal y como se ha indicado, la Convención, y a falta de un Tratado internacional que regule específicamente a los contratos de distribución, puede y debe aplicarse a otros tipos contractuales, por ejemplo, a los contratos de distribución si es que así se denominan bajo los derechos nacionales, pues no hay que olvidar que en algunos ordenamientos jurídicos se consideran simplemente como compraventas y no como otra categoría contractual; si bien, incluso en este último caso cuando se configuran como contratos de otra naturaleza, no puede dejar de mencionarse que la arquitectura obligacional de los contratos sinalagmáticos, onerosos y recíprocos se entronca claramente con el esquema normativo de la compraventa bien por aplicación analógica, por aplicación de las normas de teoría general de los contratos o por reproducción mimética de las normas de la compraventa.

En este sentido, resulta importante resaltar que la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que el concepto de compraventa bajo la CISG es un concepto autónomo y, en consecuencia, independiente de los derechos nacionales16. Al mismo tiempo, la Convención respeta plenamente el principio de autonomía de la voluntad, lo que permite limitaciones convencionales entre las partes del contrato como sucede típicamente al pactarse cláusulas de exclusiva, o incluir obligaciones entre las partes que refuerzan la colaboración entre ellas. Lo importante es que la exclusividad depende del contrato en el cual se inserta, lo que refuerza la interpretación de la vis expansiva de las obligaciones que derivan de la compraventa y, en consecuencia, la fuerza atractiva de la CISG, ya que aunque la exclusiva pueda configurarse como un elemento esencial del acuerdo entre las partes, no deja de ser un pacto que acompaña y se integra en el contrato en su conjunto. Empero lo anterior, incluso aunque considerásemos que la cláusula de exclusiva tiene su propia autonomía, la cuestión no cambiaría, pues la Convención de Viena regula también otras estipulaciones cuya autonomía resulta incluso más clara y consolidada, como sucede por ejemplo con los convenios arbitrales17.

Por ello en la medida en que el contrato de distribución implique compraventa de productos estando éstos determinados así como su precio (aunque éste podrá ser determinado o determinable), el contrato podrá considerarse bajo el ámbito aplicativo de la Convención de Viena y por ello también las restantes obligaciones que se derivan del mismo. Así, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación relativa a la exclusividad no deja de ser un pacto contractual que puede perfectamente examinarse en cuanto a su incumplimiento, acciones y remedios, bajo la Convención de Viena18. De lo contrario sería atentar gravemente contra la seguridad jurídica, los objetivos de la Convención de Viena, y la propia internacionalidad del contrato aplicar derechos distintos dependiendo de si las obligaciones se reconducen estrictamente o no a la compraventa. Y ello, sin perjuicio de que conforme a las normas de derecho aplicable puedan existir normas específicas que puedan coadyuvar a complementar el régimen jurídico aplicable a determinadas obligaciones, por ejemplo, si el derecho interno tuviera una norma específica que determinara los límites temporales de la exclusividad19, o por supuesto dejando a salvo la aplicación de las normas de defensa de la competencia.

En relación con la jurisprudencia específica sobre la aplicación de la Convención de Viena a los contratos de distribución debe indicarse, tal y como se ha mencionado ya anteriormente, que ha acuñado cierta fortuna la interpretación conforme a la cual la Convención de Viena no se aplica a los contratos marco de distribución aunque sí a los contratos de compraventa concluidos sobre la base del contrato de distribución20. Específicamente se ha entendido que no se aplicará la Convención a los contratos marco que no establezcan disposiciones sobre las mercaderías, cuantía y precio (art. 14.1 CISG)21, lo que no sucede en todos los casos bajo algunos contratos internacionales de distribución y compraventa donde el contrato contiene las mercancías y los precios en relación con los productos objeto del contrato. De ahí que la doctrina se incline en estos casos por considerar aplicable la Convención22.

La formulación genérica conforme a la cual no se aplica la Convención a los contratos marco de distribución no dice mucho cuando se trata de aplicarla a casos concretos. Acudiendo a la jurisprudencia que con mayor detalle ha tratado la cuestión, se ha de observar que se diferencia entre aquellos casos en que el contrato marco de distribución es un contrato independiente de las sucesivas órdenes de compraventa que van acaeciendo y que derivan del contrato marco, de aquellos en que la estructura del contrato adopta la forma de una compraventa.

A este segundo modelo responden muchos contratos de distribución o contratos mixtos de distribución y compraventa, donde las obligaciones de las partes se ajustan al esquema de la compraventa: el vendedor/principal asume las obligaciones de venta de sus productos y el comprador/distribuidor asume la obligación de comprarlos y donde se especifican claramente el listado de productos y su precio.

En relación con la cantidad debe notarse que los contratos de distribución pueden establecer las obligaciones de las partes relativas a la cantidad de compra de productos. En ocasiones estas obligaciones se formulan de forma amplia pero pueden resultar, a nuestro juicio, una indicación suficientemente precisa de la cantidad que cumpla el estándar del art. 14.1 CISG23, esto es, siempre que la cantidad pueda determinarse de forma expresa o implícita, sea determinada o determinable, por referencia a los usos y prácticas establecidas entre los contratantes o por la propia voluntad de las partes (arts. 8 y 9 CISG).

Así resulta particularmente relevante lo dispuesto recientemente por el Tribunale di Forli, 6 marzo 2012 (Italia), en relación con un contrato de distribución internacional, donde el juez Cortesi indicó:

“The relationship in existence between the parties mirrors the scheme just presented, because Olitalia had assumed the obligation of supplying its goods to that the presenting opposing party, Zinitix, was buying and re-selling in the retail and wholesale market. Therefore, even though the majority of the interpreters of the distribution contract, in its traditional scheme, cannot be considered to be governed by the Convention (…) in the case at hand, since the distribution agreement took form of a supply of goods agreement as described above, there is a contractual situation that is subject to the Vienna Convention”24.

En consecuencia, puede, sin duda, alguna indicarse que se aplicará la Convención de Viena a los contratos mixtos de compraventa y distribución, según los parámetros reseñados anteriormente, máxime cuando las obligaciones de distribución quedan englobadas y/o subsumidas bajo el contrato de compraventa. Así se deriva de la interpretación de la Convención de Viena basada en los principios de la internacionalidad y uniformidad (art. 7.1 CISG).

En nuestra opinión, todavía puede irse más allá y entender que la Convención se aplicará a los contratos marco aunque no especifiquen los llamados elementos esenciales del contrato (art. 14.1 CISG). Existe una confusión en la jurisprudencia sobre esta cuestión ya que se determina la inaplicabilidad de la Convención sobre la base de la inexistencia de los elementos esenciales. Sin embargo, la necesidad de concurrencia de dichos elementos se liga con la formación del contrato, cuando la cuestión en realidad se enlaza con el ámbito de aplicación de la Convención. Por ello, los contratos marco que estructuran las obligaciones de las partes principalmente en torno a la compraventa han de entenderse gobernados por la Convención.

2. Análisis del contrato de distribución/compraventa celebrado entre las partes para determinar su naturaleza jurídica y la voluntad de las partes

A nuestro juicio, el análisis anteriormente indicado pasa necesariamente por analizar la voluntad de las partes para determinar la naturaleza jurídica del contrato entre ellas celebrado. Un primer elemento importante será la propia denominación dada al contrato por las partes ya que inicialmente puede revelar la voluntad de las mismas en cuanto a su caracterización jurídica.

Por ejemplo, en una primera aproximación supongamos que, como sucede en ocasiones en la práctica, las partes han denominado a su contrato como compraventa internacional de mercancías con distribución. El propio nomen que le dan las partes evidencia el mayor peso específico que han querido dar las partes a su contrato. No se señala que es un contrato de distribución, o un contrato de compraventa y distribución, sino que es una compraventa con distribución, ergo incluyendo las obligaciones de distribución en la compraventa.

De hecho, la distribución por oposición a la compraventa aislada se caracteriza por una situación en la que la reventa de mercancías es típica y como bien resulta conocido la reventa es la base de la compraventa mercantil. Los empresarios compran para revender y así obtener un lucro en la reventa, como ejemplo clásico el art. 325 CCo25. Que esta operación implique, además, una mayor estabilidad en la relación contractual entre el comprador y el vendedor, tanto por su mayor duración, por la existencia de pactos con exclusiva, como en relación con las obligaciones de colaboración que surgen entre las partes, no cambia el hecho de que en los contratos de distribución la base de los mismos sea la compraventa.

Las obligaciones que asume el comprador relacionadas con la distribución y desarrollo del mercado en un determinado país no dejan de ser obligaciones contractuales que se relacionan y derivan del contrato de compraventa de los productos objeto del contrato. En definitiva es la compraventa lo que imprime el carácter esencial de la relación contractual entre las partes: las obligaciones de comercialización, distribución y desarrollo de la publicidad o marketing que pueda asumir el comprador sólo se explican, entienden y se relacionan por la compraventa de los productos. Ahí reside el verdadero motor e interés de las partes en la relación contractual; de ser ello así habrá quedado como tal plasmado en el contrato. Que para aumentar las compras y las ventas sean convenientes o precisas obligaciones para ambas partes, incluso con el carácter esencial que puedan darle a la mismas como sucede con el pacto de exclusiva, que se salgan de las típicas de entrega, recepción y pago, no resta importancia ni difumina lo que es el fondo e importancia nuclear del contrato entre las partes: la compraventa.

Por ello, en nuestra opinión se ha de analizar el contrato y atender a la intencionalidad de las partes; intención que habrá de ser examinada a la vista del contenido íntegro del contrato y a la luz del estándar de interpretación recogido en el art. 8 CISG. De esta forma, si tras el examen de los pactos contenidos en el contrato, se evidencia que las partes decidieron otorgar un peso preponderante a las obligaciones relativas a la compraventa, por ejemplo, definiendo y desarrollando con todo cuidado las obligaciones relativas a la entrega, recepción y pago del precio en el contrato, podría concluirse que dichas obligaciones son la esencia de la relación contractual y que las restantes obligaciones que se incorporan a la compraventa no desvirtúan la caracterización del contrato como tal compraventa sujeta, en consecuencia, a la Convención de Viena. En relación con la cláusula de exclusiva, que podría catalogarse como una obligación de hacer o no hacer26, no puede en modo alguno erigirse como la parte principal, mucho menos sustancial, de las obligaciones de las partes bajo el contrato, pues también deben considerarse las obligaciones de dar, lo que permitiría considerar todo el conjunto contractual bajo la órbita de la Convención.

A estos efectos reseñar que la intencionalidad de las partes de considerar su relación prioritariamente como una compraventa y en consecuencia de tratar unitariamente toda la relación contractual bajo el esquema de dicho contrato puede descubrirse atendiendo a las concretas estipulaciones pactadas entre las partes. Así, el análisis del objeto del contrato y las obligaciones de las partes establecidas en el contrato podrá decantarse a favor de la compraventa si las partes priorizan de forma clara e indubitada las obligaciones de venta y de compra por los firmantes y, en consecuencia, las obligaciones relativas a las órdenes de pedidos de las mercancías, así como la entrega, recepción y pago de las mercancías. Otro índice relevante podrá ser la estructura del precio bajo el contrato, por ejemplo, si el precio no se descompone en función de las diferentes obligaciones de las partes sino que todas quedan unificadas bajo un único precio.

Tras el análisis del contrato y, en consecuencia el examen de la voluntad de las partes exteriorizada en su clausulado, se podría entonces concluir indicando que la intención de las partes ha sido la de configurar su contrato como un contrato de compraventa en el que las obligaciones de las partes giran fundamentalmente en torno a las obligaciones de compra y venta de los productos objeto del mismo y por ello en torno a las obligaciones de realizar pedidos, entregar, recepción de las mercancías y pagar su precio.

Al mismo tiempo y aunque existan otras obligaciones para las partes como pueden ser las de desarrollo del marketing, distribución, o relativas a la propiedad industrial, se podrá determinar que la voluntad de las partes ha sido configurar unitariamente todas esas obligaciones como accesorias o dependientes de la compraventa de los productos o mercancías; accesoriedad o dependencia de la compraventa que no incide en la importancia o esencialidad que dichas obligaciones puedan cobrar para las partes pues se trata de dos cuestiones diferentes a nuestro juicio a la hora de calibrar la intención de las partes en relación con el íntegro contenido contractual, así como a la hora de decidir acerca de la aplicación de la Convención de Viena a los contratos que comprenden un conjunto de obligación que no son exclusivamente la de entrega, el pago, y recepción de las mercancías.

3. Los remedios y acciones bajo la Convención de Viena: algunas cuestiones a considerar en su aplicación a los contratos de distribución

La Convención de Viena establece en los artículos 45 y 61 a modo de resumen y de modo no exhaustivo el listado de acciones de que disponen el comprador y el vendedor ante el incumplimiento del contrato o la Convención por su contraparte. Se notará, como venimos indicando, la aptitud de la Convención de Viena para reglamentar aspectos contractuales de las obligaciones típicamente incluidas en los contratos de distribución, por ejemplo, en los contratos de distribución en exclusiva, que sólo difieren de la compraventa en cuanto a la exclusividad a favor de una de las partes o de ambas27.

Los incumplimientos en el marco de los contratos de distribución presentan por la propia dinámica de la relación contractual –compraventas sucesivas y continuas que van acaeciendo sin solución de continuidad–, no siempre un fácil encaje en las disposiciones sobre remedios y acciones en la Convención que están diseñadas en una gran parte pensando en relaciones singulares y aisladas de compra y venta.

Por ello, puede no resultar fácil individualizar las concretas y específicas transacciones sobre las que surgen los definidos y precisos derechos y remedios bajo la CISG. Es más, a nuestro juicio, en situaciones como las que nos ocupan por la propia dinámica contractual resultará imposible en ocasiones asilar e individualizar las específicas transacciones y las correspondientes actuaciones de las partes, por lo que hay que atender al conjunto de los incumplimientos y las circunstancias del caso: tolerancia de las partes, plazos adicionales de cumplimiento, correspondencia cruzada, actos propios, anteriores, posteriores y coetáneos, etc.

En consecuencia, resulta razonable atender en relaciones complejas como las que surgen bajo los contratos de distribución a la operativa de la transacción y al conjunto de los hechos del caso para evaluar la razonabilidad en cuanto a las actuaciones de las partes y las medidas por ellas adoptadas. Así, y bajo el marco de la Convención de Viena, resulta pacífico el examen de las acciones y remedios que surgen de la Convención en función de las circunstancias del caso y particularmente en el supuesto de transacciones más complejas que se salen de la típica compraventa individual; por ello puede, incluso, adoptarse una perspectiva dinámica que permita adaptar el marco de las acciones y remedios, no sólo, como resulta evidente a las circunstancias del caso, sino además a la estructura obligacional que resulta del propio contrato28.

  • Medio: Tirant Lo Blanc. E.D.M. Liber Amicorum.
  • Fecha: 2013
  • Autor: Maria del Pilar Perales